Un año después de una manifestación de características similares, un grupo minoritario, reuniendo a representantes de asociaciones barriales bajo el lema “Nosotros aquí, ellos allá”, realizó este 17 de julio, una marcha en la ciudad de Santiago, ampliamente cubierta por los medios de comunicación, so pretexto de exigir la repatriación de indocumentados haitianos y en contra de las organizaciones que los asisten, teniendo como blanco a CEFASA y el Centro Bonó, entidades de la Iglesia católica.
La primera vez fue en vísperas de la instalación de la actual administración. Ahora, se realiza en una coyuntura nacional de serios cuestionamientos sobre alegados actos de corrupción y de falta de ética de influentes funcionarios públicos, incluso, de un diminuto partido, con un discurso hostil a la presencia haitiana. También, en un ambiente de lucha soterrada para el control real del poder como garante de la buena gobernanza.
Por el ritmo acelerado de las repatriaciones de compatriotas haitianos en condiciones harto conocidas, afectando, en lo que va del año a miles de personas, es obvio que el o los objetivos de la marcha son otros. Por otra parte, es de conocimiento público, en la mayoría de los casos, los repatriados regresan al territorio dominicano de manera rápida y fácil a través de las mismas redes de traficantes que lograron su ingreso. ¿Cuándo será la marcha en contra de los traficantes y sus cómplices?
La situación más parecida para los dominicanos son los flujos migratorios irregulares hacia la vecina isla de Puerto Rico donde se estima a cerca de 200,000 mil los indocumentados. Sumando quienes tienen un estatus legal -unos 68,000 según el censo del 2010- representan un 7.24% de la población puertorriqueña de menos de 4 millones de personas. En tanto que los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) estiman a cerca de 460,000 los inmigrantes nacidos en Haití en la Republica Dominicana. Lo cual corresponde al 5.4% de la población.
Sin consideración de esa realidad que afecta a sus compatriotas, quienes son asistidos y respaldados en San Juan, entre otras organizaciones criollas, por el Comité de la Mujer dominicana y el Comité dominicano de los derechos humanos, extrañamente, los manifestantes marcharon en una ciudad caracterizada por albergar a más de la mitad de la comunidad universitaria haitiana, adquiriendo así, Santiago de los Caballeros, el rango de destino académico internacional.
Dicha comunidad, globalmente, genera ingresos de unos US$ 120 millones de dólares al año a la República Dominicana, 70% de los cuales provienen de gastos de bienes y servicios de acuerdo a un estudio del Banco Central, dinamizando, en el caso de Santiago, el sector inmobiliario, las telecomunicaciones y las remesas. Es importante subrayar que la suma referida equivale casi 5 veces el monto de las exportaciones de los pollos y huevos dominicanos a Haití.
El evento, concebido en “defensa de la dominicanidad contra la invasión de millones de indocumentados haitianos”, sirvió además, para atacar al régimen haitiano y naturalmente para ofrecer apoyo al presidente de la Junta Central Electoral y el Director General de Migración respecto a lo que se ha definido como un proceso de desnacionalización ante el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana. Cabe observar que los flujos migratorios en la isla han llevado a miles de dominicanos a establecerse en Haití, muchos, con familias mixtas e hijos procreados allá.
Llama la atención que bajo una conceptualización visceralmente anti haitiana la marcha se hiciera en conocimiento de causa del Ministerio del Interior, la Gobernación provincial y la Dirección del Cibao Central de la Policía Nacional.
Asimismo, es paradójico que tuviera como puntos de partida y de clausura el parque Duarte y la estatua de Gregorio Luperón. Dos figuras estelares dominicanas que crearon o se beneficiaron de alianzas con sectores o dirigentes haitianos para lograr sus grandes designios nacionales.
No cabe duda. Una clientela política, mal asesorada, fue movilizada para propósitos específicos de alta política interna usando el anti haitianismo. Así lo entienden algunos dirigentes dominicanos amigos. Pero, al ser la actividad una motivación al odio, esencialmente contraria a la hospitalidad característica dominicana y la tolerancia, los daños colaterales se registran tanto en el plano binacional como también respecto a la imagen internacional de la Republica Dominicana, incluso para el turismo.
Evidentemente, en la sociedad dominicana hay sectores con preocupaciones objetivas sobre el tema migratorio. Estas últimas han sido discutidas para lograr una posición consensuada entre más de 150 organizaciones empresariales, sindicales, religiosas, evangélicas, católicas y comunitarias a través del documento titulado “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones”. Dicho documento fue entregado a la presidencia de la Republica en un acto en el palacio el pasado mes de mayo. En su esencia, retoma recomendaciones de eventos y estudios realizados desde los violentos acontecimientos de Hatillo Palma en el 2005. Hasta la fecha sin seguimiento.
Por ende, es incomprensible y preocupante, la reiterada autorización oficial a una manifestación pública de esa índole, en tanto que tiende a torpedear, en provecho de “la calle”, el dialogo sociedad civil-presidencia/gobierno sobre el tema, desnaturaliza la dominicanidad, afecta importantes intereses dominicanos y representa una amenaza a la paz insular. Más aún en medio de un diferendo comercial bilateral que sirvió de excusa para una insólita encuesta radiofónica de promoción de un ataque militar dominicano a Haití. Algo anda mal.